Cristina Kirchner irá a prisión y queda inhabilitada de por vida: la Corte Suprema confirmó su condena por corrupción

En un fallo histórico que sacude al escenario político argentino, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por corrupción en la causa Vialidad. La decisión, adoptada por unanimidad, deja firme el fallo emitido por el Tribunal Oral Federal N.º 2, y pone fin a los recursos presentados por su defensa.

La resolución también implica el decomiso de unos 84.000 millones de pesos, en el marco de una maniobra de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas adjudicados al empresario Lázaro Báez, cercano al entorno de la familia Kirchner. Cristina Kirchner se convierte así en la segunda ex presidenta condenada a prisión en democracia, después de Carlos Menem.

Impacto judicial y político sin precedentes

El fallo de la Corte no solo ratifica la pena de prisión sino que inhabilita a Fernández de Kirchner de manera permanente para ocupar cargos públicos, lo que le impide presentarse en las elecciones legislativas de este año, donde planeaba competir por una banca provincial. Esta sentencia marca un giro crucial en el mapa político del país, a menos de seis meses de una elección clave para el nuevo Congreso.

A sus 71 años, es probable que la ex mandataria acceda al beneficio del arresto domiciliario, mientras el Tribunal Oral Federal 2 deberá definir los detalles de su detención, junto con la situación de otros ocho condenados, entre ellos Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López.

Los fundamentos de la Corte

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron las apelaciones bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, con fundamentos que destacan la solidez de las pruebas y la legalidad del proceso.

“El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, sostiene el fallo. La Corte argumentó que las relaciones comerciales entre Lázaro Báez y la familia Kirchner, como los contratos hoteleros y operaciones inmobiliarias, formaron parte del entramado que benefició económicamente a las empresas de la ex presidenta en perjuicio de la administración pública.

Los jueces descartaron la existencia de arbitrariedad en el fallo de Casación, destacando que las pruebas fueron valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, y que la defensa no logró rebatir los argumentos centrales del tribunal condenatorio.

Inhabilitación perpetua y cuestionamientos desestimados

La Corte desestimó los cuestionamientos de la defensa, que incluían supuestas irregularidades procesales, presunta parcialidad de los jueces y falta de imparcialidad. Según el máximo tribunal, ninguno de esos planteos fue acompañado de fundamentos jurídicos concretos ni de evidencia que demostrara una vulneración de garantías constitucionales.

“No basta el dictado de un fallo adverso para configurar temor de parcialidad”, indicaron los jueces. También recordaron que para impugnar una sentencia como arbitraria, es indispensable demostrar que se han omitido cuestiones sustanciales presentadas en instancias previas, lo cual —según el fallo— no ocurrió.

Una decisión con consecuencias políticas inmediatas

La confirmación de la condena ocurre en un contexto político polarizado, con una sociedad expectante ante las definiciones judiciales que involucran a figuras de peso en la historia reciente del país. Cristina Kirchner, dos veces presidenta y ex vicepresidenta, queda fuera de la contienda electoral y enfrenta por primera vez en su trayectoria política una pena de prisión efectiva.

Con esta sentencia firme, la Corte Suprema envía un mensaje claro sobre los límites de la corrupción en el ejercicio del poder y reafirma su rol institucional en la aplicación de la ley, incluso cuando se trata de los máximos niveles de gobierno. El caso Vialidad queda así consolidado como uno de los expedientes de mayor trascendencia en la historia judicial argentina.