Formosa, tercera provincia con mayor deforestación del país, alerta Greenpeace

Hernán Giardini, coordinador de campaña de bosques de Greenpeace, alertó por los alarmantes números de deforestación registrados durante los primeros diez meses del 2024. Según Giardini, Formosa se posiciona como la tercera provincia con mayor índice de deforestación, con un total de 13,000 hectáreas destruidas.
El especialista de Greenpeace explicó que la organización realiza un monitoreo continuo mediante la comparación de imágenes satelitales y sobrevuelos, lo que les permite tener una visión más precisa de la pérdida de bosques. «Ya hemos superado las 100 hectáreas deforestadas entre enero y octubre, y lo primero que hay que plantear es que esta situación es muy preocupante», subrayó Giardini.
En su intervención, Giardini comparó la situación actual con los números previos a la sanción de la Ley de Bosques en 2007, observando una disminución en la deforestación, aunque los números siguen siendo elevados. «El sistema de multas para frenar la deforestación no está sirviendo», afirmó, y agregó que Greenpeace está solicitando que el desmonte ilegal sea tratado como un delito penal.
Particularmente, la situación en Formosa es crítica, ya que la legislación local es muy permisiva.

Ley de bosques formoseña

«La ley de bosques formoseña permite una deforestación casi tres veces mayor que antes de la sanción de la Ley Nacional de Bosques, lo que ha generado una fragmentación del ecosistema y pone en peligro la biodiversidad», explicó Giardini.
La provincia permite que amplias zonas tengan permiso para desmontes, lo que agrava la situación ambiental, aunque las cifras de deforestación en Formosa son menores que en otras provincias del norte, como Santiago del Estero y Chaco.Giardini también mencionó que en provincias como Santiago del Estero y Chaco, la deforestación ilegal es un problema grave.
En Chaco, además, existe una suspensión judicial sobre los desmontes debido a la falta de autorización de los ordenamientos territoriales, lo que evidencia la necesidad urgente de reforzar las políticas de protección de los bosques.
Ante este panorama, Greenpeace sigue luchando por una legislación más estricta y un enfoque penal más contundente contra los desmontes ilegales para frenar la pérdida de los recursos naturales en el país.