La caída de Santiago Peña en Paraguay: Entre la impecable institucionalidad y el «golpe blando» del poder real

(Por Carlos Alberto Roble)



La reciente y vertiginosa crisis política en la República del Paraguay, que culminó con la salida anticipada del presidente Santiago Peña, nos deja una doble enseñanza: una sobre el funcionamiento exacto de los resortes constitucionales y otra, mucho más cruda, sobre dónde reside verdaderamente el poder en el país vecino.

Más allá de la opinión personal sobre la connivencia del expresidente en actos que ameritan, sin dudas, una profunda investigación por parte del Poder Judicial y de la Fiscalía paraguaya, es imperativo separar el análisis jurídico del ruido mediático. El objetivo constitucional primordial ante una crisis de esta magnitud es la separación del cargo del mandatario cuestionado. Ese objetivo se cumplió a cabalidad cuando el Congreso Nacional, ejerciendo sus facultades, le aceptó la renuncia.

Resulta un error conceptual exigir la continuidad de un juicio político cuando el acusado ya ha dimitido. Jurídicamente se produce una «sustracción de materia». La Asamblea del Congreso actuó dentro de los estrictos márgenes constitucionales y de las posibilidades institucionales que tenía a su disposición. Todo el «show» que se ha montado alrededor de esto, alimentado por los medios masivos de comunicación, es parte de un populismo —que puede ser de izquierda o de derecha, es indistinto— y de un folclore político que nada tiene que ver con la verdadera defensa de las instituciones. El procedimiento ha sido, en los papeles, impecable.

El Poder Real y el Golpe Blando
Ahora bien, la salida institucional a la crisis esconde detrás una dinámica política innegable. Desde el análisis de la realpolitik, lo que presenciamos fue un claro «golpe blando» orquestado desde las entrañas mismas del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana). Peña cometió el pecado capital de la política tradicional: el exceso de confianza. Creyó tener la suma del poder público, subestimó a sus adversarios y fue extremadamente desprolijo a la hora de mostrar una gestión que, dadas sus alianzas, debía ser intachable.

El expresidente Horacio Cartes, en un enfrentamiento que trascendió lo político para arraigarse en intereses económicos y modelos generacionales, le demostró a Peña por dónde pasa el poder real en el Paraguay. El vaciamiento de poder que forzó su dimisión fue producto de una maquinaria implacable, tejida mediante alianzas entre el cartismo, sectores liderados por Mario Abdo Benítez, facciones del Partido Liberal, la influyente Asociación de Bancos y los grandes empresarios dueños de medios de comunicación. Cuando esos resortes se alinearon en su contra, la caída fue solo cuestión de tiempo.

El Escenario Judicial y el Futuro Institucional
El capítulo político está cerrado, pero el penal recién comienza. Si el expresidente intervino en ilícitos, debe ser investigado rigurosamente. Al haber renunciado, Peña adquiere la figura de Senador Vitalicio y, con ella, fueros parlamentarios. El próximo paso, lejos de los estrados televisivos, debe darse en los tribunales: la justicia ordinaria deberá solicitar su desafuero por los mecanismos constitucionales establecidos y, con pruebas fehacientes, demostrar su autoría en los delitos de acción pública que se le imputan.

La República del Paraguay ha demostrado que sus instituciones funcionan para resolver vacíos de poder. Ahora, la Justicia tiene el deber de demostrar que también funcionan para terminar con la impunidad.

Carlos Alberto Roble
Abogado – Especialista en Derecho Penal (UBA)