La fricción necesaria: por qué litigamos las causas «perdidas» y el valor de equivocarnos

Por Carlos Alberto Roble



A menudo, en los pasillos de los tribunales o en la intimidad del estudio jurídico, surge una pregunta recurrente: ¿Por qué asumir el desgaste de litigar en causas que parecen perdidas de antemano? ¿Por qué abrazar defensas que pueden atraer la condena mediática, la mirada de reojo de magistrados y funcionarios, o que incluso amenazan con atentar contra nuestro trabajo presente y futuro?

La respuesta no habita en el pragmatismo ni en la comodidad, sino en una convicción inquebrantable: litigamos por la idea de justicia, por la idea de libertad, por la república y, fundamentalmente, por la verdad.

En el derecho, las «causas perdidas» rara vez lo son en términos históricos. Son, en realidad, el motor invisible que empuja la rueda de la jurisprudencia. Son los pasos lentos, dolorosos y necesarios para que, algún día, se dicte el fallo que rompa el bloqueo. Durante casi un siglo en la Argentina, quienes abogaban por el divorcio vincular se enfrentaron a cientos de rechazos sistemáticos. Los jueces les decían que era imposible, que el orden público lo impedía. Sus causas parecían perdidas, hasta que una de ellas, el histórico caso Sejean, logró quebrar el monolito y obligó a que la ley se adaptara a la dignidad humana. Todo ese esfuerzo previo, todo ese aparente fracaso acumulado, fue la presión indispensable para que la represa finalmente cediera.

Asumir estas batallas no significa creer ciegamente que nuestras posturas actuales vayan a triunfar de inmediato, ni siquiera que nuestras pretensiones representen la forma final y perfecta de lo correcto. Significa entender que nuestras posiciones, nuestros argumentos y nuestra resistencia son los elementos que dinamizan el proceso. Son la fuerza que mueve la maquinaria para que, eventualmente, el sistema produzca un fallo —quizás uno que todavía no logramos vislumbrar, uno mejor y superador— que expanda los horizontes de nuestros derechos.

El ciudadano tiene la obligación moral e histórica de empujar. El derecho no es una concesión graciosa del poder; es el territorio donde el individuo ejerce una fricción constante contra el Estado. Y al hablar del Estado, no me refiero a una administración provincial o nacional de turno, sino al Estado en su concepción política universal, como ese aparato de control, vigilancia y disciplinamiento del que nos advertía Michel Foucault en Vigilar y castigar. El Estado, por su propia inercia, tiende a la totalidad; es la fricción del ciudadano y de sus defensores lo que le impone límites, lo que evita que la burocracia devore a la libertad.

Sin embargo, en este punto debemos ser profundamente honestos: en este afán inclaudicable de empujar, también cometemos errores. A veces, el exceso de entusiasmo y las inmensas ganas de torcer el rumbo de la injusticia nos provocan una cierta ceguera temporal, un ímpetu que nos hace tropezar. No estamos exentos de equivocarnos. De lo que sí estamos exentos es de maldad. Nuestras falencias nacen de la pasión por transformar y defender, jamás de la intención de dañar.

De esto se trata, en definitiva, nuestra profesión. Detrás de los códigos, los expedientes y la dogmática, litigamos por ideas que la ley apenas logra rozar; conceptos a veces indefinibles y poco prácticos a los ojos del burócrata, pero que constituyen la esencia misma de la condición humana: la libertad, el amor, la igualdad, la justicia y la belleza. Por eso nos equivocamos, por eso aprendemos, por eso no claudicamos. Por eso, litigamos.

Carlos Alberto Roble