Peligroso antecedente: condenan a periodistas a cinco días de arresto

El ataque a la libertad de prensa en la provincia de Formosa sumó un nuevo y alarmante capítulo. Tras haber realizado un relevamiento sobre las condiciones de vida en comunidades indígenas del interior provincial, el equipo periodístico del programa «Hablemos del Futuro», transmitido por la señal La Nación+, fue condenado por la justicia local a cumplir cinco días de arresto o el pago de una multa económica.

El dictamen fue firmado por el juez de paz de Las Lomitas, Omar Padilla, quien sancionó a los comunicadores bajo el argumento de haber ingresado a territorio comunitario sin autorización previa y por no haber presentado credenciales de prensa. La periodista Micaela Urdinez brindó detalles sobre la inédita sentencia, el hostigamiento sufrido durante la cobertura y el impacto de la medida sobre la libertad de expresión.

Urdinez desmintió categóricamente los fundamentos del fallo judicial. La cronista aseguró que existió un consentimiento explícito por parte de los pobladores y que el trabajo en el territorio se desarrolló en un clima de absoluta normalidad.

«Nos condenaron supuestamente por haber ingresado a la comunidad sin tener autorización y por no haber presentado las acreditaciones de prensa para realizar la tarea. Es completamente falso porque de hecho tenemos material audiovisual que muestra que llegamos con ellos, que hicimos una asamblea comunitaria e incluso la Federación agradeció la visita. Trabajamos con ellos dos días sin ningún tipo de problema», explicó la periodista.

Respecto a la exigencia de documentación especial para llevar a cabo la cobertura, remarcó la falta de sustento legal de la medida: «Nunca nos pidieron ningún tipo de identificación, nos contaron que había rumores, pero nunca nos pidieron ninguna acreditación, que por otra parte tampoco existe. Es una actividad vinculada al periodismo, con lo cual es ridículo y hasta inconstitucional el argumento que están usando».

La presencia de los cronistas en la zona desencadenó un operativo de vigilancia constante por parte de las fuerzas de seguridad provinciales. De acuerdo con el relato de la profesional de prensa, los controles comenzaron desde la llegada del equipo al lugar e incluyeron el uso de vehículos no identificados para entorpecer la labor.

«Evidentemente tienen armado una red de información. El primer día que llegamos se acercó un patrullero para preguntarnos quiénes éramos, tener todos nuestros datos, documentos y datos de la camioneta. A partir de ahí nos empezaron a seguir camionetas no identificadas con videos grabados a todos los lugares a los que íbamos, incluso ellos nos filmaban a nosotros haciendo nuestro trabajo, con lo cual entiendo que ahí se alertó a un sistema de inteligencia mayor de la provincia», detalló Urdinez.

Asimismo, la comunicadora reveló que la denuncia inicial habría surgido a partir de presiones ejercidas contra las autoridades originarias locales: «Nos detuvieron para supuestamente notificarnos de la denuncia que habían presionado al pobre cacique. Nos empezaron a increpar porque estábamos subiendo cosas al Instagram que no eran ciertas. Existe la libertad de prensa y nosotros deberíamos tener el derecho a publicar el trabajo que hacemos. Es una de las provincias más pobres de la Argentina; quizás el gobierno debería ocuparse un poco más de eso y no de no dejar a los periodistas entrevistar a la gente».

La sanción impuesta contempla la pena de arresto o el pago individual de una cifra cercana a los 280 mil pesos para cada uno de los cuatro integrantes del equipo técnico y periodístico. Ante esta situación, la señal de noticias confirmó que recurrirá el dictamen en las instancias superiores.

«Vamos a apelar para que recapaciten y reviertan la decisión, porque si queda firme la sentencia son unos cinco días de arresto o pagar una multa económica. Creemos que es un precedente peligroso que atenta contra la democracia, contra la libertad de prensa y que como nos pasó a nosotros le puede pasar a cualquier otra persona», advirtió.

Sobre las garantías para ejercer la profesión en la jurisdicción, la periodista remarcó: «Nos tuvimos que ir de la provincia. Mantenemos este proyecto nacional con el que recorremos todas las provincias, pero evidentemente acá la libre circulación y la libertad de prensa no existen. Nos llama la atención que hagan este esfuerzo tan grande como para que no podamos mostrar cómo viven las comunidades indígenas».

Por último, invitó a la audiencia a dar visibilidad al informe realizado: «Invito a toda la gente a hablar de los contenidos que hacemos en la web. Si preocupó tanto como para armar esto, debe ser que es interesante el material. Es en definitiva lo que quieren silenciar, así que cuantas más personas lo vean, mucho mejor».