Emanuel Ziessenis sobre Brignole: «Esta gente no está presa porque la justicia no los investiga»

El concejal de El Colorado por la Unión Cívica Radical (UCR), Emanuel Ziessenis, volvió a encender las alarmas sobre la gestión municipal tras presentar nuevo material probatorio ante el Poder Judicial. El edil fundamentó los alcances de la denuncia penal contra el intendente Mario Brignole y su entorno familiar, acusándolos de direccionar la obra pública municipal y montar un esquema de enriquecimiento sin controles.

La causa involucra una suma cercana a los 800 millones de pesos destinados a infraestructura local. Según explicó el legislador, las irregularidades más recientes responden a la ejecución de la avenida 11 de Febrero —que concluye junto a un local nocturno propiedad de la familia del intendente— y obras de desagües fluviales.

Durante la entrevista, el edil radical centró sus críticas en la concentración de cargos públicos e intereses privados dentro de la Comuna, señalando que la familia del jefe municipal ejerce un control absoluto sobre el proceso administrativo y económico de las obras públicas.

«En el caso de la familia Brignole, ocupan todos los puestos claves en el municipio de El Colorado. Ocupan la intendencia, la presidencia y vicepresidencia del concejo, y la mayoría en el Concejo Deliberante. Ellos son los que solicitan la obra pública, los que la realizan, los que se controlan, los que se autorizan y, obviamente, los que cobran. Eso no lo podemos seguir permitiendo los coloradenses, porque mientras la mayoría de la gente no llega a fin de mes, esta gente junta la plata con pala», enfatizó Ziessenis.

El concejal detalló que la denuncia contempla los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita. A su vez, remarcó que el problema no radica en la ejecución de las obras en sí, sino en el manejo discrecional de los fondos presupuestarios que deberían dinamizar la economía local.

«Pretendemos que la obra pública realmente beneficie a distintos emprendedores del área de la construcción, no siempre a los mismos. La obra pública actúa como una inyección económica cuando se realiza con imparcialidad y transparencia, produciendo un efecto de derrame de la economía. El problema es que acá la familia Brignole acapara todo lo vinculado a la obra pública a gran escala, porque son ellos a través de sus empresas los que realizan las obras, y a su vez son ellos, a través de terceras personas, los que venden los materiales de construcción para las obras que realizaría el municipio», sostuvo.

Asimismo, Ziessenis repasó los orígenes de esta estructura comercial, la cual se remontaría al año 2015, cuando se inscribió una firma a nombre del hijo del intendente, Ariel Marcelo Brignole, actual concejal. «En ese momento tenía 20 años y no tenía forma de montar esa empresa porque no contaba con capital, experiencia laboral ni conocimiento en el rubro. Sin embargo, montaron esa empresa y empezaron con el curro de la obra pública acaparando todo lo que venga del Estado provincial o municipal. En 2023, cuando quiso que su hijo fuera concejal, cambiaron la titularidad poniendo a nombre de la hija que no es funcionaria municipal para continuar con el esquema», denunció.

Al ser consultado sobre las pruebas aportadas —entre las que figuran imágenes de maquinaria perteneciente a la firma familiar realizando tareas municipales— y la falta de avances drásticos en los tribunales, el legislador remarcó que la inacción no responde a la complejidad técnica de las maniobras, sino a la falta de voluntad para investigar.

«Si hay alguien que no puede plantearle a nadie inhabilidad moral es nuestro intendente, porque de la nada ellos se han vuelto multimillonarios desde el Estado. Esta gente no está presa porque la justicia no los investiga. No crean que son delincuentes brillantes; están en libertad porque hay una justicia que no los investiga», aseveró.

En ese sentido, Ziessenis concluyó que el rol de la oposición es acercar las evidencias para que la Fiscalía impulse la causa. «Nosotros estamos haciendo nuestra parte: como funcionarios observamos la posible comisión de un delito y denunciamos. Ahora la pelota está en la cancha de la justicia. Todo lo vinculado a la corrupción requiere pericias contables e informes bancarios, pero todo es sencillo de realizar. Falta la decisión de investigar porque es todo muy básico; si se empieza a investigar, rápido se va a poder comprobar esto que nosotros estamos planteando», finalizó.