Perú declaró el estado de emergencia en Pisco y prorrogó la medida en Tumbes, La Libertad y otras regiones

Con el objetivo de combatir la criminalidad y la violencia, el Gobierno peruano restringió derechos constitucionales por 60 días en los distritos de Pisco y San Andrés.



El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por un plazo de 60 días en los distritos de Pisco y San Andrés, ubicados en la provincia de Pisco (región Ica), como respuesta al incremento de la criminalidad y diversas formas de violencia. La medida quedó oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 132-2026-PCM, publicado este sábado 19 de septiembre.

A través de esta disposición, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el soporte de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución peruana, durante el periodo de vigencia quedarán suspendidos o restringidos cuatro derechos fundamentales: la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. En este marco, todos los eventos masivos de carácter religioso, cultural o deportivo requerirán autorización previa.

En simultáneo, el Ejecutivo dispuso la prórroga por 60 días del estado de emergencia en otros puntos estratégicos del país. En Tumbes, la extensión alcanzará a las provincias de Zarumilla y Tumbes a partir del 25 de septiembre (Decreto Supremo N.° 133-2026-PCM). Por su parte, en la región La Libertad, la prórroga regirá desde el 23 de septiembre en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén (Decreto Supremo N.° 134-2026-PCM). Medidas similares continúan vigentes en sectores de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco, abarcando el Eje Energético del Gas de Camisea.

Estas acciones se alinean con la emergencia decretada semanas atrás para Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. En la capital peruana y la zona portuaria, el plan contempla intervenciones policiales basadas en mapas del delito, apoyo militar, controles penitenciarios estrictos —como el apagón de energía en celdas y pruebas de polígrafo al personal del INPE— y la neutralización de antenas de telecomunicación ilegales.