«Es una locura que la policía los reprima por exigir acceso a la educación pública»

El conflicto desatado en torno a las comunidades originarias pertenecientes a los asentamientos de Misión Nueva Yrigoyen y Tres Palmas ha alcanzado un punto crítico de tensión social y judicial en la provincia. Tras el violento procedimiento de desalojo llevado a cabo por fuerzas de seguridad sobre el camino vecinal N° 9002, las denuncias por irregularidades en los procedimientos, aprehensiones masivas e incautación de pertenencias han ganado espacio público. El abogado Agustín D’Ambra, representante legal de parte de los aprehendidos, ofreció un pormenorizado balance sobre el estado actual de la causa, la inacción judicial frente a los habeas corpus e instancias de excarcelación interpuestas, y el clima de hostigamiento que padecen los pobladores originarios.

Hay incertidumbre sobre la nómina real de ciudadanos privados de su libertad y los lugares físicos donde permanecen alojados. La falta de comunicación inicial por parte de las dependencias policiales generó desesperación en las familias, quienes debieron recurrir a asistencia legal particular para exigir respuestas institucionales.

Al ser consultado sobre la cifra precisa de personas privadas de la libertad tras el desalojo en la arteria vecinal, D’Ambra explicó la brecha existente entre la estimación general y las actuaciones formalizadas hasta el momento. «Aproximadamente son 60 los detenidos. La familia estuvo pidiendo información de dónde están detenidos, dónde está toda esa gente, no se lo dan y después cuando la doctora empezó a hacer visible, bueno, ahí se pudo conseguir esa información», aseveró el letrado, remarcando las barreras burocráticas superadas para acceder a las planillas y sumarios iniciales.

En el marco de las garantías procesales establecidas por la legislación provincial, la defensa técnica interpuso las correspondientes peticiones de excarcelación a fin de lograr la inmediata liberación de los comuneros. No obstante, las presentaciones ingresadas al juzgado interviniente han encontrado una marcada retardo en su trámite.

El abogado detalló la cronología de las acciones presentadas y el incumplimiento ostensible de los términos fijados por el Código Procesal Penal de la Provincia de Formosa por parte de la judicatura interviniente, conducida por la jueza Gabriela Plaza. «La excarcelación la presentamos la semana pasada, la presentamos el jueves por la tarde, recibimos recién la confirmación del juzgado de que al día siguiente a las 9 que lo habían recibido el correo y hasta ahora no tenemos ninguna notificación, ninguna resolución de que nos hayan dicho de que estas personas fueran liberadas, cuando el Código Procesal Penal de Formosa nos dice que las excarcelaciones tienen que resolverse en 24 horas», puntualizó el letrado, advirtiendo sobre la gravedad institucional que conlleva mantener la privación de la libertad fuera de los marcos normativos vigentes.

La reconstrucción de los hechos acontecidos tras la liberación de la arteria vial deja al descubierto denuncias severas sobre el accionar de los efectivos policiales. De acuerdo con los testimonios recogidos en el territorio, la intervención no se limitó a disuadir la interrupción del tránsito, sino que derivó en rastrillajes en zonas habitacionales y periféricas.

D’Ambra describió el escenario de pánico y vulnerabilidad que afecta a los miembros de las comunidades originarias, quienes han tenido que desplazarse hacia las zonas de monte para evitar agresiones o aprehensiones arbitrarias. «Destruyeron las chozas de esta gente, hay originarios que están escondidos por el monte porque tienen miedo, la policía, se supone que la policía tiene que ser es la institución que tiene que resguardar nuestros derechos, cuidar al ciudadano, y los originarios están teniendo miedo de la policía, es una locura eso, están escondidos en los montes porque no quieren salir, no quieren encontrarse porque tienen miedo, terror de que sean golpeados», relató durante la transmisión.

Asimismo, la escasez de registros audiovisuales sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad fue un punto analizado durante el reporte Periodístico. A diferencia de otros procedimientos de índole pública donde las filmaciones tomadas con dispositivos móviles por parte de los manifestantes proliferan con rapidez, en esta oportunidad la circulación de material gráfico resultó notoriamente acotada debido al decomiso de teléfonos y al resguardo forzado de los testigos. «Muchas de las personas que estaban ahí alcanzaron a grabar y después creo que fueron a esconderse por los montes, por todo el desalojo, toda la violencia que hubo ahí. Algo se alcanzó a filmar, pero después esa gente obviamente está resguardada y escondida por el miedo que tienen», añadió el abogado.

En relación con el encuadre legal bajo el cual la justicia contravencional y penal imputa a los manifestantes, la defensa cuestionó severamente la falta de entidad de los cargos frente al contexto social subyacente. Los reclamos que originaron la concentración en el camino vecinal N° 9002 respondían a deficiencias estructurales en materia educativa que arrastran las comunidades de la zona.

Al precisar el contenido de las actuaciones iniciadas contra los 18 manifestantes identificados, D’Ambra fundamentó la desproporción entre la exigencia de derechos básicos y la respuesta punitiva del Estado. «De los oficios que pudimos conseguir son por presunto o alteración al orden público de que básicamente ellos estaban haciendo un quilombo y por eso le armaron una causa, cuando ellos en realidad estaban reclamando los derechos a tener el acceso a la educación en su pueblo. Es una locura que ellos estén reclamando que puedan tener acceso a la educación secundaria y vaya la policía y los reprima por exigir tener acceso a la educación pública», subrayó.

A lo largo de la entrevista se abordó el dilema jurídico y legal que plantea la interrupción de vías de circulación como método de protesta. Si bien las leyes vigentes garantizan el libre tránsito, las poblaciones rurales e indígenas suelen recurrir a la visibilización en rutas tras agotar la vía administrativa sin obtener soluciones concretas a sus demandas históricas.

El letrado aclaró la postura de la defensa técnica respecto a las modalidades de corte de ruta, diferenciando el asesoramiento legal del padecimiento acumulado por los pobladores ante la falta de respuestas institucionales. «Yo te quiero aclarar, nosotros no estamos de acuerdo en que se corte la ruta. Nosotros cuando ellos nos vienen y nos manifiestan estas cuestiones, nosotros mismos le ponemos un límite, le decimos ‘no, eso está mal’. Eso de entrada está mal. Ahora, ¿qué pasa? Si uno presenta notas, si uno hace un reclamo pacífico, si uno va y solicita a las instituciones como corresponde, también es entendible que ellos usen este medio. Lo que nosotros igual le marcamos, está mal, pero también es entendible el desgaste que ellos vienen sufriendo constantemente», argumentó.

La dilatación de los tiempos procesales ha derivado en manifestaciones pacíficas por parte de familiares, mujeres y allegados de los detenidos, quienes durante el fin de semana salieron a marchar para visibilizar la situación y exigir la inmediata aparición y liberación de sus allegados. La falta de despachos o decretos firmados por el juzgado a cargo de la causa acrecienta la angustia de las familias.

D’Ambra reiteró la urgencia de que los órganos jurisdiccionales se expidan de acuerdo a derecho y cese la incomunicación o demora injustificada. «Quiero remarcar que hasta ahora seguimos esperando la resolución de la jueza de las excarcelaciones, ya han pasado más de 3 días y todavía no recibimos ninguna notificación. La parte de la familia está preguntando constantemente cuándo van a salir esa gente y yo cuando escribo al juzgado tampoco recibo respuesta. Es una locura total», sentenció, concluyendo con un reconocimiento a la cobertura mediática sobre el tema: «Es la única manera que tienen ellos de por lo menos manifestarse y ustedes gracias por hacer visible, porque muchas veces muchos levantan la bandera del originario, de que es parte de nuestra cultura, de nuestra provincia, pero la verdad que son los que más sufren afectaciones».