Milei firma un DNU y ahora podrán echar del país a quienes insulten a la Argentina

El Gobierno nacional oficializó un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita la expulsión o la prohibición de ingreso al país de extranjeros que inciten al odio, la discriminación o la violencia contra la Argentina, sus ciudadanos o que ultrajen los símbolos patrios. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, comenzó a regir tras su publicación y modifica los criterios migratorios vigentes.

El nuevo DNU amplía las causales para impedir el ingreso
La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), que informó que el decreto incorpora como causal de inadmisión y expulsión a cualquier extranjero que “dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad”, además de quienes profanen o ultrajen los símbolos patrios.

Según el texto oficial, el objetivo es reforzar la protección de la Nación y responder a expresiones consideradas hostiles hacia el país.

“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, sostuvo el Gobierno al presentar la medida.

El Gobierno vincula la decisión con los ataques en redes
Desde la Casa Rosada señalaron que la iniciativa surge como respuesta a las manifestaciones de hostilidad registradas en los últimos meses contra la Argentina y los argentinos.

Fuentes oficiales indicaron que esos episodios se intensificaron durante el último Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos, México y Canadá, especialmente a través de publicaciones y campañas en redes sociales con mensajes ofensivos dirigidos al país y sus ciudadanos.

Con el nuevo DNU, las autoridades migratorias podrán considerar esas conductas como motivo suficiente para negar el ingreso al territorio nacional o iniciar procedimientos de expulsión cuando corresponda conforme a la normativa vigente.

La medida forma parte de la política del Gobierno de reforzar el control migratorio y endurecer las sanciones frente a conductas que considere contrarias a los intereses nacionales.