Deforestación: el balance semestral de Greenpeace reaviva el debate por bosques nativos en Formosa y el país

Un exhaustivo relevamiento de monitoreo satelital elaborado por la organización ecologista Greenpeace ha vuelto a situar la problemática ambiental en el centro de la agenda pública del norte argentino. La presentación de los datos correspondientes a la primera mitad del año ofrece una radiografía preocupante sobre el avance de la topadora sobre los ecosistemas forestales de la región chaqueña, con especial foco en lo que sucede en la provincia de Formosa, donde las dinámicas de la deforestación combinan normativas locales permisivas, vacíos legales y un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo económico.

El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, desglosó el estado de situación de las masas forestales en el país y analizó las particularidades del caso formoseño. Durante la conversación, el especialista expuso los límites del actual sistema de sanciones administrativas y argumentó la imperiosa necesidad de discutir en el Congreso de la Nación la tipificación del ecocidio como delito penal.

El trabajo de fiscalización satelital que lleva adelante Greenpeace desde hace más de una década se consolida año a año como un termómetro temprano de la salud de los bosques nativos en la Argentina. Aunque el informe consolidado definitivo suele presentarse a finales del mes de enero de cada año, el balance semestral resulta una herramienta clave para mapear las tendencias geográficas del desmonte antes de que comience el período climáticamente más crítico.

En el régimen ambiental del norte del país, el comportamiento de la pérdida forestal está fuertemente supeditado al calendario meteorológico. Durante los primeros seis meses, coincidiendo con la temporada veraniega y de mayores precipitaciones, las operaciones de volteo de vegetación suelen mermar significativamente debido a la intransitabilidad de los terrenos y las condiciones del suelo. En contraste, la irrupción de la estación seca, comprendida entre el invierno y la primavera, marca el ciclo de mayor aceleración y concentración de las máquinas sobre el terreno.

En este marco de análisis previo, la provincia de Formosa registró la pérdida de 4.375 hectáreas de bosques nativos en lo que va del año. Si bien la cifra se sitúa por debajo de los focos más severos del país —encabezados por Santiago del Estero con más de 20.000 hectáreas y Salta con cerca de 12.000 hectáreas—, representa una continuidad constante en los volúmenes de deforestación respecto a semestres anteriores.

Especial alarma generó el panorama de Salta, provincia que duplicó sus indicadores de pérdida forestal tras haber modificado recientemente su marco normativo provincial para habilitar mayor cantidad de autorizaciones. Esta tendencia desfavorable en la región se ve agravada por un contexto nacional en el que las autoridades del Poder Ejecutivo vienen impulsando la flexibilización de diversos estándares de protección de bienes naturales.

Uno de los ejes más complejos del análisis radica en la distinción entre las actividades forestales autorizadas por el Estado y aquellas que se ejecutan al margen de la ley. Giardini aclaró que los informes satelitales semestrales no profundizan individualmente en el estatus administrativo de cada parcela dada la inmediatez de la publicación, pero advirtió sobre la naturaleza del diseño institucional formoseño.

En la provincia de Formosa, el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) posee esquemas de categorización significativamente permisivos. A diferencia de lo que ocurre en jurisdicciones vecinas donde se han dictado medidas cautelares o recaen mayores restricciones sobre las zonas de alto valor de conservación, la normativa local otorga facultades para solicitar permisos de desmonte en amplias franjas de su superficie. Esta particularidad provoca que la mayor parte de la pérdida de masa boscosa en suelo formoseño cuente con aval gubernamental, lo que no anula sus consecuencias ecológicas.

El impacto sobre los ecosistemas no depende únicamente de la firma de un expediente administrativo. Los desmontes habilitados legalmente provocan una fragmentación severa del hábitat, alterando los corredores biológicos de la fauna silvestre, modificando la capacidad de absorción de los suelos ante precipitaciones extremas y reduciendo la captura de carbono.

Un dato histórico evidencia el impacto del diseño regulatorio local: en el período transcurrido tras la aprobación de la Ley Nacional de Bosques Nativos, Formosa ha registrado una tasa de deforestación cuatro veces mayor que la que presentaba en los años previos a la promulgación de la normativa marco nacional. Esto pone de manifiesto que el ordenamiento de bosques local ha funcionado más como un esquema de facilitación de la frontera agropecuaria que como una herramienta efectiva de conservación ambiental.

La controversia sobre el impacto de la actividad forestal suele enfrentar al sector ambientalista con los organismos de fiscalización provinciales. Desde las esferas oficiales se suele argumentar que los niveles de deforestación son reducidos en comparación con la masa forestal total. Sin embargo, la discrepancia entre la sociedad civil y las autoridades gubernamentales no radica en la exactitud matemática de las superficies destruidas —las cuales suelen coincidir posteriormente con las publicaciones del Ministerio de Ambiente de la Nación—, sino en la perspectiva ética sobre la cantidad de bosque nativo que una sociedad se puede permitir perder.

Ante el accionar de los órganos de control y la aplicación de multas administrativas a infractores o actores del ámbito político, el representante de Greenpeace puso en duda la capacidad disuasoria de las sanciones monetarias. En la matriz económica del sector agropecuario a gran escala, las multas impuestas por las direcciones provinciales de bosques suelen ser absorbidas como un costo operativo adicional dentro de la cadena productiva.

El modelo de negocio de determinados sectores empresariales contempla la compra de tierras forestales a precios accesibles, la ejecución de desmontes no autorizados y la posterior cancelación de la sanción económica mediante los beneficios financieros de la explotación ganadera o agrícola. En los casos donde los montos de las multas resultan cuantiosos, la estrategia jurídica suele recurrir a dilatados procesos de apelación procesal y amparos judiciales que evitan el cobro efectivo de los montos adeudados durante años, impidiendo la remediación del daño ocasionado.

Frente a este escenario de vaciamiento normativo, la organización ambientalista sostiene que el país requiere un cambio estructural en su arquitectura jurídica. Resulta imperativo abandonar la discrecionalidad con la que cada gestión provincial administra los permisos o cuantifica las infracciones y dar paso a un debate integral en el Congreso de la Nación.

La incorporación del ecocidio y los delitos ambientales al Código Penal argentino, sumada a la creación de fiscalías especializadas con competencia federal, se perfila como la única vía idónea para igualar las consecuencias legales de la destrucción masiva de ecosistemas a las de cualquier otra violación grave de la ley, protegiendo los bienes comunes de las generaciones presentes y futuras.