Fabián Servín: “Acá no hay trabajo y, encima, se elimina la asistencia”

La profunda vulnerabilidad de la estructura laboral en Formosa sumó un capítulo crítico tras la confirmación de la resolución judicial que despeja el camino al Ejecutivo nacional para avanzar con la baja definitiva del programa Volver al Trabajo. La medida, que impactará en más de un millón de personas en toda la Argentina, golpea de lleno a la realidad local, donde se estima que alrededor de 11.000 formoseños dependen de esta prestación para subsistir. El escenario resulta particularmente delicado al contrastarlo con los indicadores productivos de la provincia, que registra el número más bajo de trabajadores privados formalizados de todo el país: apenas 21.000 empleos registrados, una cifra inferior incluso a la de jurisdicciones con menor densidad poblacional.

Fabián Servín, referente territorial del Polo Obrero en Formosa, brindó precisiones sobre la jornada de movilización hacia las dependencias locales del ex Ministerio de Trabajo y analizó las graves implicancias sociales y económicas que conllevará la interrupción definitiva de estos ingresos en los sectores vulnerables.

Un fallo judicial que despeja el camino al ajuste
La reconversión del esquema asistencial que funcionó históricamente bajo la denominación de Potenciar Trabajo atravesó en los últimos meses un sinfín de contramarchas administrativas e instancias de disputa judicial. Tras los anuncios iniciales de baja dispuestos a comienzos de año, las organizaciones sociales habían logrado interponer un recurso de amparo que frenó momentáneamente el desmantelamiento del programa. Sin embargo, un fallo reciente del Fuero Federal revirtió la medida cautelar previa y dejó las manos libres al Gobierno central para ejecutar el recorte presupuestario.

“Salimos a expresar nuestro rechazo a la idea de eliminar el programa Volver al Trabajo. Se cierra un programa que el Gobierno nacional decidió dar de baja en abril. Hubo una presentación de un recurso de amparo donde un juez nos dio la razón argumentando el cuadro social, pero el Gobierno apeló y la Cámara Federal terminó liberando el camino judicial. Por lo tanto, 11.000 trabajadores en Formosa dejarían de percibir este ingreso en el mes que viene.”

El referente gremial aclaró que, aunque las cifras nominales de la asistencia resultan objetivamente insuficientes frente al costo de la canasta básica —con un haber fijado en los 78.000 pesos mensuales—, para la enorme mayoría de los beneficiarios formoseños constituye la única entrada económica mensual garantizada para cubrir necesidades elementales de alimentación.

Inexistencia de empleo y la falacia de la capacitación
El desmantelamiento de la asistencia estatal no se produce en un marco de expansión productiva ni de absorción de mano de obra por parte del sector privado, sino en un contexto signado por la contracción del consumo, el cese de obras públicas y la destrucción de puestos de trabajo. Desde el movimiento social cuestionan el argumento oficial que justifica el cierre de los programas bajo la premisa de una supuesta falta de idoneidad o capacitación en los sectores desocupados.

“Nos preocupa sobremanera en qué contexto se da esto: un contexto de crecimiento de la desocupación. Todos los días vemos cómo empresas y fábricas echan gente. Es muy grave que el Gobierno tome esta medida, que es un giro en cuanto a la política asistencialista. Todos los gobiernos venían sosteniéndola frente a la falta de trabajo, pero llegamos a un Gobierno con la decisión no solamente de no generar fuentes de empleo, sino de terminar con la asistencia a los desocupados.”

“Es falso que a la gente le falte capacitación; lo que no hay es trabajo. Este programa lo perciben docentes y enfermeros que no tienen empleo, profesionales que necesitan un seguro de desempleo. Si tuviésemos oferta laboral, la gente iría a trabajar. Los programas sociales nunca fueron suficientes para vivir, pero ahora es peor porque directamente los eliminan.”

Demonización institucional y paralización de la contención social
Servín apuntó duramente contra la estrategia del Ministerio de Capital Humano de sostener el ajuste mediante la estigmatización generalizada del rol de las organizaciones intermedias. Según el dirigente, el argumento oficial de erradicar supuestas irregularidades terminó funcionando como una pantalla para encubrir la parálisis total de la contención alimentaria y la interrupción en el suministro de insumos en los sectores periféricos.

“Hubo un proceso de demonización sobre las organizaciones sociales. Se apoyaron en algunos malos ejemplos porque corrupción hay en todas partes, pero no atacaron a los corruptos: terminaron afectando a la gente. Dijeron que todos los comedores eran fantasmas y cortaron los alimentos. Cuando la Justicia les exigió respuestas, la ministra tuvo que reconocer que las auditorías no se habían hecho.”

La interrupción de los flujos de insumos y equipamiento enviados desde Nación derivó además en la imposibilidad de sostener las contraprestaciones laborales y comunitarias que miles de beneficiarios realizaban diariamente en merenderos, unidades productivas y labores barriales.

“¿En qué van a capacitar si están desmantelando el Ministerio, cerrando oficinas y echando gente del Estado? El programa exige que capaciten las empresas, pero no hay ninguna empresa interesada porque están cerrando proyectos. Además, cuando cortaron el envío de herramientas e insumos, dejaron a miles de trabajadores sin la posibilidad de seguir sosteniendo las tareas que realizaban en los barrios.”

Un golpe certero a las economías de barrio e intrapoblacionales
Más allá del impacto individual que sufrirán las familias que dejen de percibir la ayuda estatal, la pérdida masiva de estos 11.000 cupos en la provincia significará una sangría directa para el flujo financiero del comercio de cercanía. La inyección de recursos que mensualmente circulaba en el circuito informal de bienes y servicios se verá drásticamente resentida, afectando a pequeños comercios y pequeños emprendimientos familiares.

“Esta medida va a tener un impacto directo en la economía local. Esa plata iba destinada a la panadería de la esquina o al kiosco del barrio. En las localidades del interior va a ser un enorme perjuicio. El poder político tendría que estar defendiendo este programa.”

“Formosa es una de las provincias más castigadas por la falta de empleo desde hace mucho tiempo. Si el Gobierno nacional comparte esa visión, tendría que haber una medida excepcional para los formoseños, no comprimir aún más a los trabajadores. Ya tenemos mucho con la realidad provincial como para sumar ahora un plan económico nacional que no prioriza el trabajo ni el ingreso de la gente.”