Tensión, incidentes y denuncias de manipulación en la reconstrucción del siniestro vial donde falleció Juanchi Cáceres

Una jornada cargada de dramatismo, fuertes cruces verbales y una profunda indignación vecinal se vivió en la avenida Senador Tomás, en el tramo comprendido entre los barrios Eva Perón y República Argentina de nuestra ciudad. En ese escenario se llevó a cabo el procedimiento de inspección ocular y reconstrucción técnica del siniestro vial que, el pasado 26 de febrero, le costó la vida al joven Juan «Juanchi» Cáceres. Lo que debió haber sido una medida pericial de rutina bajo estrictas normas de rigor científico se transformó en un escándalo público cuando los familiares de la víctima acusaron formalmente a la defensa del automovilista imputado de intentar alterar los hechos y presionar al personal policial frente a las propias autoridades judiciales.

El procedimiento contó con la presencia del juez penal a cargo de la causa, el doctor Guillermo Caballero, el agente fiscal interviniente, los peritos oficiales de la Dirección de Policía Científica y los abogados de ambas partes. Yamila Cáceres, hermana del joven fallecido, visibilizó el dolor y la total disconformidad de su entorno ante el desarrollo de la medida.

El siniestro que se investiga ocurrió a fines de febrero en una de las arterias más transitadas y cuestionadas de la zona norte de la ciudad. Vecinos y conductores han señalado en reiteradas oportunidades que la avenida Senador Tomás carece de la señalización adecuada y que las maniobras imprudentes son una constante. De acuerdo con la hipótesis de la querella, el automovilista implicado realizó un giro en U de manera imprevista, interponiéndose en la línea de circulación de la motocicleta en la que se desplazaba Cáceres, provocando el impacto fatal para luego darse a la fuga sin prestar asistencia.

La inspección judicial de esta mañana buscaba precisamente determinar las trayectorias de los vehículos, los puntos de impacto y la visibilidad de la arteria. Sin embargo, la introducción de un perito de parte contratado por el imputado desató la furia de los familiares presentes, quienes observaron cómo se pretendía modificar la narrativa de lo acontecido para responsabilizar a la víctima.

Yamila Cáceres fue categórica al describir el malestar y la impotencia que sufrieron durante el peritaje. “En la cara del juez quisieron manipular la reconstrucción. Quieren culpar al conductor de la moto, siendo que el del auto es el culpable”, denunció con angustia, remarcando que el conductor del automóvil es quien generó la situación de peligro inicial al violar las normas de tránsito vigentes para esa arteria.

Al profundizar en los argumentos técnicos que intentó incorporar la defensa del imputado para desviar la atención de la responsabilidad penal, la entrevistada detalló las maniobras que observó en el lugar: “Quisieron hacer que el auto dobló del lado del cordón rojo. De todos modos, es un delito doblar en U en una avenida. Querían hacer como que la moto provocó el colapso del accidente, que la culpa era del conductor de la moto”. Según la querella, estas argumentaciones carecen de sustento fáctico y solo buscan atenuar la situación procesal de un conductor que, además, posee el agravante de la fuga.

Uno de los puntos de mayor conflicto durante la mañana se produjo cuando el especialista en criminalística propuesto por la defensa civil del acusado intentó rebatir las conclusiones preliminares que la Policía de la provincia había recabado las primeras horas posteriores al siniestro. La familia Cáceres denunció que existió una actitud de hostigamiento directo hacia el personal subalterno de la fuerza de seguridad que actuó como primer interventor científico.

“El imputado de la causa, que es el conductor del vehículo, mandó a un perito de criminalística. A la chica de criminología, que era la parte científica y que recolectó las pruebas en el momento del siniestro, la quisieron hostigar”, expuso con firmeza Yamila Cáceres. Para los damnificados, el perito privado intentó avasallar el criterio técnico de la profesional oficial con el único propósito de estructurar un escenario favorable al automovilista.

Ante la gravedad de los cruces y las protestas de la familia, la reacción de la máxima autoridad judicial presente no hizo más que incrementar el descontento de los deudos. Al ser consultada sobre la intervención del magistrado para ordenar el procedimiento, Yamila señaló: “El juez no dijo nada, agarró y se fue”, lo que fue interpretado por los allegados a la víctima como una muestra de pasividad ante las irregularidades denunciadas en el propio terreno.

La tensión acumulada provocó que los ánimos se desbordaran. El propio padre de Juanchi Cáceres encaró de forma directa al juez y al fiscal para exigirles imparcialidad y respeto por el dolor familiar. La estrategia de la querella, respaldada por sus dos abogados patrocinantes presentes en el lugar, apunta ahora no solo a sostener la acusación, sino a exigir un agravamiento de la figura penal que pesa sobre el imputado.

“Es molesto que en nuestra cara nos vengan a hacer eso, es una falta de respeto estando el fiscal presente. Vamos a reclamar el cambio de carátula de homicidio culposo a doloso por querer manipular toda la escena del crimen, y porque el asesino no se presentó ni dio la cara”, manifestó la joven remarcando el impacto negativo que genera ver que el acusado sigue el proceso en libertad mientras intentan desvirtuar las pruebas iniciales.

La jornada cerró con un clima de profunda incertidumbre respecto a cómo valorará el juzgado las actas labradas durante esta inspección. A pesar del desencanto sufrido por el trato recibido en la vía pública, la familia Cáceres aseguró que agotará todas las instancias legales y de movilización social para evitar que el caso quede en la impunidad.