Formosa: los incendios y el desmonte ilegal devoran casi 480.000 hectáreas de bosque nativo

Un relevamiento ambiental expone la desprotección del Gran Chaco formoseño. La provincia lidera las estadísticas de destrucción por incendios, mientras los vacíos en el control territorial profundizan el ecocidio.
El Gran Chaco argentino enfrenta una de sus crisis ecológicas más severas, y la provincia de Formosa se ubica en el ojo de la tormenta. Aunque las denuncias suelen concentrarse en el territorio chaqueño, los datos extraídos de los últimos relevamientos de organizaciones ambientales como Greenpeace encienden alarmas rojas exclusivas para Formosa: la provincia ya acumula 478.397 hectáreas de bosques nativos perdidos entre 2007 y mediados de 2024, consolidándose como una de las cuatro jurisdicciones responsables del 75% de la deforestación de todo el país.

El fuego como principal enemigo: Formosa a la cabeza de los incendios
A diferencia de otras provincias de la región, donde el desmonte mecánico es la principal vía de destrucción, el territorio formoseño sufre una combinación letal donde el fuego juega un rol protagónico.

En el último año analizado, los incendios forestales arrasaron 29.763 hectáreas en todo el Gran Chaco argentino. Formosa fue, por amplio margen, la provincia más afectada, registrando la pérdida de 21.846 hectáreas bajo el fuego.

De una pérdida total reciente de 36.915 hectáreas en suelo formoseño:

21.846 hectáreas fueron consumidas por incendios forestales.
15.069 hectáreas correspondieron a deforestación directa para el avance de la frontera agropecuaria.
Especialistas explican que estos incendios no son una mera fatalidad climática. Son el resultado de una combinación destructiva de factores naturales (como sequías prolongadas y altas temperaturas) y, fundamentalmente, de prácticas agrícolas inadecuadas que se descontrolan ante la falta de fiscalización en el terreno.

Impunidad verde: multas baratas y leyes sin aplicación
La alarmante pérdida de masa forestal pone en cuestionamiento la efectividad del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la región. Este sistema, amparado por la Ley Nacional N° 26.331, categoriza los bosques en rojo (protección estricta), amarillo (uso moderado) y verde (productivo). Sin embargo, las organizaciones civiles denuncian que en el norte argentino la ley es «letra muerta».

El abogado ambientalista Alejo Ciresa señala que, si bien existen leyes de protección, su aplicación práctica es «inexistente». En el ámbito del sector agroforestal y ganadero que presiona sobre los bosques de Formosa y la región, la infracción parece estar contemplada como un costo operativo más.

«Para el sector es más barato comprar tierras en zonas boscosas que por ley no pueden ser desmontadas, y buscar luego permisos especiales, o simplemente pagar las ridículas multas», advierten desde las plataformas en defensa del monte. Actualmente, se estima que solo el 20% de las infracciones por deforestación ilegal reciben una sanción efectiva.

Un ecocidio con impacto humano y climático
Las proyecciones para la región de cara a los próximos meses no son alentadoras, estimándose un incremento del 10% al 15% en las tasas de deforestación general. Las consecuencias de este retroceso verde ya se sienten en el día a día de Formosa y sus provincias vecinas.

Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, es tajante respecto al impacto de esta problemática:

Pérdida de biodiversidad y crisis climática: La destrucción del bioma semiárido del Chaco —que alberga más de 50 ecosistemas únicos— debilita la resiliencia regional ante el cambio climático.
Fenómenos extremos: El desmonte y la quema eliminan las esponjas naturales del suelo, provocando inundaciones severas seguidas de periodos de desertificación y sequías extremas.
Impacto social: Las comunidades indígenas y campesinas de Formosa, que dependen directamente de los recursos del bosque para su medicina, alimento y subsistencia, sufren desalojos y un progresivo deterioro de sus condiciones de vida.
La resistencia por el monte
Ante la inacción estatal y el avance de las topadoras y las quemas, la sociedad civil y las comunidades originarias multiplican las demandas judiciales y las campañas de concienciación. A nivel nacional, iniciativas como votaporlosbosques.org buscan juntar 300.000 firmas para presionar al Congreso por la penalización efectiva del desmonte ilegal.

El desafío para Formosa radica en romper la falsa dicotomía entre progreso económico y destrucción ambiental. La implementación de modelos sostenibles reales (como el ecoturisimo, la apicultura nativa y la restauración ecológica), que hoy apenas reciben una fracción mínima de los presupuestos provinciales, asoman como la única vía para que el mapa de Formosa no termine transformándose en un desierto de cenizas.