Cuando la República pone un límite

(Por Lic. Faustino Duarte)



Por momentos, la Argentina parece caminar al borde de una cornisa. No porque falten leyes. No porque falten discursos. Sino porque sobran mayorías circunstanciales dispuestas a votar cualquier cosa, siempre que el precio cierre. Por eso el fallo que suspendió 82 artículos de la reforma laboral impulsada por Javier Milei merece ser leído como algo más que una noticia judicial: es, ante todo, una señal institucional. La Ley 27.802 fue sancionada el 27 de febrero y promulgada el 6 de marzo de 2026. Días después, el juez nacional del trabajo Raúl Horacio Ojeda dictó una medida cautelar que frenó provisoriamente buena parte de su aplicación, a partir de un planteo de la CGT. No es una sentencia definitiva. Pero sí un límite. Y en una democracia, los límites también salvan.


No se trata de celebrar a los jueces como si fueran redentores. Se trata de valorar la república cuando todavía conserva reflejos. La división de poderes existe precisamente para esto: para impedir que una mayoría parlamentaria, disciplinada por la billetera o por el miedo, convierta en ley el retroceso social.

El fallo alcanzó normas sensibles: restricciones al derecho de huelga y a la actividad sindical, cambios en indemnizaciones, alteraciones en convenios colectivos, afectación de principios protectores del derecho laboral y disposiciones que tocaban derechos de trabajadores de plataformas, teletrabajo y condiciones esenciales de la relación de trabajo. Cuando un poder se excede, otro debe intervenir. Eso no debilita la democracia. La protege.


Desde una mirada histórica, el dato no es menor. En la Argentina, cada vez que se quiso “modernizar” el trabajo, lo que se intentó en verdad fue abaratarlo. El verbo cambió muchas veces, pero la intención fue casi siempre la misma. Ayer se habló de “racionalización”. Después de “flexibilización”. Ahora de “modernización”.

El resultado perseguido, sin embargo, es viejo: debilitar la organización colectiva, reducir el costo empresario y correr al trabajador de su lugar de sujeto protegido para empujarlo al de variable de ajuste. El justicialismo nació, precisamente, para discutir esa matriz. Nació para afirmar que el trabajo no es una mercancía y que la comunidad no se ordena desde la ley del más fuerte, sino desde la justicia social.

Por eso este fallo tiene una densidad política que va más allá del expediente. Lo que quedó suspendido no era un detalle técnico. Era una arquitectura regresiva. Se intentó limitar la norma más favorable al trabajador, relativizar la irrenunciabilidad de derechos, facilitar la tercerización irresponsable, reducir reparaciones, extender jornadas mediante bancos de horas y poner bajo sospecha permanente la protesta gremial. Todo eso formaba parte de una misma filosofía: la del patrón sin freno y el trabajador sin amparo. La vieja fantasía oligárquica de una Argentina ordenada desde arriba, con salarios a la baja y sindicatos domesticados, reaparece cada tanto con otro envase. Pero siempre huele igual.


Ahora bien, sería ingenuo mirar solamente a Milei. La responsabilidad política no termina en la Casa Rosada. También alcanza a los diputados, senadores y gobernadores que acompañaron esta contra-reforma mientras negociaban recursos, obras o beneficios cuya trazabilidad muchas veces se vuelve opaca. La política democrática necesita acuerdos. Lo que no puede tolerar son transacciones vergonzantes. Cuando el voto de un legislador empieza a parecerse demasiado a una ventanilla de canje, la representación se degrada. Y cuando encima asoman episodios que alimentan sospechas públicas, el daño institucional se vuelve todavía más profundo.


El caso de Edgardo Kueider no prueba por sí solo cada una de las sospechas que recorren la vida pública. Pero sí confirma algo más grave: que la desconfianza social no nace de la nada. Kueider enfrenta en la Argentina imputaciones por enriquecimiento ilícito, cohecho, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias y lavado de activos, mientras en Paraguay quedó sometido a juicio por presunto contrabando tras haber sido detenido con más de 200 mil dólares sin declarar. Esa trama judicial no autoriza a generalizar culpas. Pero sí vuelve razonable que la sociedad mire con recelo ciertos apoyos legislativos repentinos, ciertos silencios interesados y ciertos oficialismos provinciales o nacionales que siempre encuentran una justificación de ocasión para votar contra el mundo del trabajo.


La república no puede ser una palabra hueca, pronunciada solamente cuando conviene frenar al adversario. Debe valer también cuando el poder económico busca colonizar la ley, cuando el Ejecutivo pretende correr al juez “incómodo” hacia un “territorio amigo”, o cuando parte del Congreso se comporta como una escribanía de intereses ajenos al pueblo. Si la división de poderes sirve de algo, sirve justamente para impedir que el dinero, la presión o la obediencia ciega vacíen de contenido a la democracia. La República no es un decorado liberal para discursos solemnes. Es una red de frenos frente al abuso.


El justicialismo, cuando es fiel a su tradición y no a sus oportunistas, no puede pararse en otro lugar que no sea éste. Del lado del trabajador registrado y del precarizado. Del lado del periodista al que le derogan su estatuto. Del lado de la cultura cuando se la desfinancia. Del lado del derecho colectivo frente al individualismo feroz que pretende convertir toda relación social en un contrato entre desiguales. No se trata de nostalgia. Se trata de memoria histórica. Cada derecho laboral arrancado en la Argentina costó años de lucha, persecución, cárcel, sangre y resistencia. Ningún gobierno tiene derecho a arrasarlo en nombre de una eficiencia de planilla Excel.


Este fallo, por sí solo, no resuelve nada. Apenas detiene. Apenas suspende. Apenas recuerda que todavía hay diques frente al atropello. Pero a veces una cautelar dice mucho más que cien discursos. Dice que no todo está perdido. Dice que la historia no terminó. Dice que la voluntad de ajuste puede chocar, todavía, contra la conciencia jurídica, la resistencia sindical y la memoria popular.


Y dice algo más: que los pueblos no sólo se defienden en la calle o en las urnas. También se defienden cuando una firma judicial, por una vez, le recuerda al poder que la Argentina no se hizo para humillar trabajadores, sino para dignificarlos.
Es tal vez una instancia propicia para que toda la dirigencia politica, social y cultural realicen un acto de reflexion profunda sobre las responsabilidades que tienen por generar las condiciones que hoy nos afecta a la gran mayoria, y cuyas consecuencias pueden tener impactos negativos condicionando el futuro de generaciones de argentinos. El travetismo y la degradacion en la gestion de quienes llegaron a un lugar de representacion desde una posicion y luego mercantilizaron su orientacion, constituyen practicas repudiables que el Pueblo debe erradicar en forma definitiva y asi reconstruir una base poitica sustentable para transitar hacia un horizonte promisorio.

Lic. Faustino Duarte
Pdte CEPPF.
Escritor