La historia que se repite como tragedia: Reforma laboral ley Banelco Parte II?

(Por Faustino C. Duarte)



Hay momentos en la vida de los pueblos en que la historia no se repite como farsa, sino que vuelve con el mismo rostro trágico que ya conocimos. La aprobación de la mal llamada «Ley de Modernización Laboral» de Javier Milei es uno de esos momentos. Quienes hemos dedicado nuestra vida al estudio de los procesos políticos argentinos no podemos dejar de señalar lo evidente: estamos ante una nueva Ley Banelco.
En abril del año 2000, el gobierno de Fernando de la Rúa -presionado por el Fondo Monetario Internacional y los grupos económicos concentrados- impulsó una reforma laboral flexibilizadora que el Congreso no quería votar. El ministro de Trabajo Alberto Flamarique, viendo que eran minoría en el Senado, le dijo a Hugo Moyano después de una reunión que para los senadores tenía «la Banelco». Después estalló el escándalo: se denunció que el gobierno había pagado sobornos millonarios a senadores justicialistas y radicales para que levantaran la mano. El resultado lo conocemos todos: renuncia de Chacho Álvarez, crisis institucional terminal y un presidente que se fue en helicóptero en diciembre de 2001, dejando un tendal de muertos en las calles.
Veintiséis años después, el mecanismo es el mismo aunque la moneda de cambio tenga otro nombre. Ya no hace falta la Banelco cuando se tiene la llave de las transferencias nacionales. Desde las provincias, la justificación de los legisladores que acompañaron al oficialismo giró en torno a la asfixia financiera: la administración de Milei mantiene un esquema de fuerte presión sobre las cuentas provinciales, con recorte de transferencias y negociación caso por caso. Promesas de obra pública, financiamiento de deuda y reparto discrecional de Aportes del Tesoro Nacional a cambio de apoyo legislativo configuraron el trasfondo de esta norma. Es decir: donde De la Rúa ponía billetes en un sobre, Milei pone la soga presupuestaria al cuello de los gobernadores para que sus legisladores voten como peones en un tablero ajeno. La forma cambió; la esencia de la extorsión institucional, no.

Kueider: la prueba que el mileísmo no puede esconder
Y si alguien tenía dudas de que en este esquema hay algo más que «negociación política», ahí está el caso Kueider como prueba viviente. El senador entrerriano Edgardo Kueider, elegido por el pueblo bajo la boleta del Frente de Todos, se pasó al bloque aliado de Milei y fue pieza clave para aprobar la Ley Bases en 2024. Meses después fue detenido en Paraguay intentando cruzar la frontera con más de 200 mil dólares en una mochila que no pudo justificar. Lo encontraron en la cabecera del Puente Internacional de la Amistad, a la 1:30 de la madrugada, con dólares, pesos y guaraníes sin declarar. Se le abrió causa por presunto contrabando, la jueza Sandra Arroyo Salgado lo investiga por lavado de dinero, se descubrieron videos en su oficina contando fajos de billetes, y fue expulsado del Senado con 60 votos a favor. Cuando le preguntaron si había cobrado por su voto a favor de la Ley Bases, no lo negó tajantemente. Cristina Fernández de Kirchner lo definió con precisión: «Democracia tarifada». El Frente de Izquierda fue más lejos y pidió la nulidad absoluta de la Ley Bases por considerar que su aprobación estuvo viciada por actos de corrupción.
La pregunta que el pueblo argentino se hace es inevitable: ¿cuántos Kueider hay entre los legisladores que aprobaron esta reforma laboral? ¿Cuántas mochilas con dólares habrá que descubrir en fronteras y aeropuertos para que quede al descubierto la verdadera naturaleza de estas leyes? Cuatro diputados del peronismo que respondían a gobernadores aliados dieron el quórum que necesitaba La Libertad Avanza, sin el cual no habría habido sesión ni aprobación. El propio bloque justicialista denunció: «Están generando un estado muy difícil desde lo financiero para los gobiernos provinciales, y después con eso consiguen los votos». El dirigente Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, fue contundente al afirmar que «acá corrió la Banelco, seguro, porque ningún senador vota solamente por esto». La Banelco del siglo XXI no necesita cajeros automáticos: funciona con planillas de Excel en el Ministerio de Economía y con mochilas en pasos fronterizos.

El artículo 14 bis: la fortaleza que ni los golpistas se atrevieron a demoler
Para comprender la gravedad de lo que se ha aprobado hay que situarse en la historia constitucional argentina. El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional es heredero directo de la Constitución de 1949, aquella que el general Perón impulsó para consagrar los derechos del trabajador, de la familia y de la ancianidad como derechos constitucionales. Cuando la autodenominada Revolución Libertadora derrocó al gobierno legítimo y convocó a la Convención Constituyente de 1957 para derogar la Constitución justicialista, ni siquiera esos gorilas se atrevieron a barrer con el núcleo de los derechos sociales. Los mantuvieron, condensados, en el artículo 14 bis. Lo hicieron no por convicción, sino porque sabían que el pueblo argentino jamás aceptaría que le arrebataran lo que Perón y Evita le habían dado.
Ese artículo establece la protección contra el despido arbitrario, las condiciones dignas de labor, la jornada limitada, el descanso y las vacaciones pagadas, la retribución justa, la organización sindical libre y democrática, el derecho de huelga y los beneficios de la seguridad social. Es, en definitiva, el piso de civilización laboral de la Argentina.
¿Qué hace esta ley con ese piso? Lo dinamita. La reforma contempla aumentar las horas de la jornada laboral de 8 a 12 horas como máximo mediante un cómputo semanal de 48 horas, crea un banco de horas donde las extras son compensables con tiempo libre en vez de pagarse, y recorta el derecho a huelga estableciendo que los servicios considerados esenciales no pueden descender del 75% de su operatividad. La reforma modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, excluyendo del cómputo el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros conceptos que no sean de pago mensual habitual, lo que reduce el monto final. Además, elimina el principio de que un convenio colectivo continúa vigente tras su vencimiento hasta la firma de uno nuevo, y dispone que los convenios de empresa prevalezcan sobre los sectoriales.
Dicho en criollo: el trabajador va a trabajar más horas por la misma plata, lo van a poder echar más barato, le van a recortar el derecho de huelga y su sindicato va a negociar en inferioridad de condiciones. El diputado Sergio Palazzo lo dijo con claridad en el recinto: detrás de las palabras «modernización laboral» se ha contrabandeado la regresión más brutal de los derechos de los trabajadores que recuerde el pueblo argentino.

575 millones de dólares: el gobierno admite lo que vale el trabajador
Hay un dato que el propio gobierno nos regala sin darse cuenta de su significado profundo. Después del paro general del 19 de febrero, la Oficina de Respuesta Oficial de la Casa Rosada informó que la medida de fuerza generó una pérdida económica estimada en 575 millones de dólares en una sola jornada, considerando un acatamiento de entre el 30% y el 50%. Más de cinco millones de personas afectadas por la paralización del transporte, ocho mil turnos médicos cancelados, comercios abiertos sin clientela, logística interrumpida, bancos cerrados.
El gobierno lo dice para demonizar al sindicalismo. Pero lo que en realidad está confesando es el valor que produce el trabajador argentino cada día. Si un solo día de paro con acatamiento parcial genera una pérdida de 575 millones de dólares, ¿cuánto produce el trabajador argentino cada jornada cuando está en su puesto? La respuesta la da el propio gobierno sin querer: toda la riqueza. Y sin embargo, a ese mismo trabajador que genera toda esa riqueza le quieren quitar derechos, precarizar su contrato, abaratarle el despido y silenciarle la huelga. Ahí está la contradicción insalvable de este modelo: reconoce implícitamente que sin el trabajador no hay economía, pero legisla como si el trabajador fuera un estorbo.

La doble pinza: reforma laboral y apertura importadora
Pero esta ley no opera en el vacío. Forma parte de una estrategia deliberada que combina la precarización del trabajo con la destrucción del aparato productivo nacional a través de la apertura indiscriminada de importaciones. Es una doble pinza contra el trabajador argentino: por un lado, le quitan derechos; por el otro, le cierran la fábrica.
Los números son elocuentes. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, el empleo asalariado registrado en el sector privado perdió cerca de 200.000 puestos. La construcción perdió casi 66.000 empleos, y en la industria manufacturera los retrocesos fueron significativos: textiles y calzado perdieron más de 19.000 puestos, metalmecánica más de 16.000, y automotores y neumáticos más de 6.400. Para 2026, unas 31.500 pymes podrían cerrar, y apenas el 1% de los empresarios encuestados cree que la reforma laboral pueda incentivar la recuperación. El cierre de FATE -86 años de industria nacional, 920 trabajadores en la calle- es la postal más cruel de este modelo. Desde el textil hasta los neumáticos, pasando por los electrodomésticos con el cierre de Whirlpool en Pilar, el aparato productivo argentino se desangra mientras Shein y Temu inundan el mercado con mercancía barata.
Es la lógica del modelo: abaratar el costo del despido mientras se destruyen las fuentes de trabajo. Una combinación perversa que ni la dictadura del ’76 logró implementar con tanta sofisticación legislativa. La apertura comercial obliga a las empresas argentinas a competir contra firmas extranjeras de mayor productividad, mientras la elevada carga tributaria local y un peso fuertemente apreciado inclinan la cancha en contra de la producción nacional. Incluso la propia vicepresidenta Villarruel tuvo que reconocerlo: «Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno».

La derogación como deber histórico y garantía jurídica
Ante este panorama, no queda más que una certeza y un compromiso. La certeza es que este gobierno tiene fecha de vencimiento. El pueblo argentino, que viene de la tradición del 17 de octubre, que resistió dictaduras y neoliberalismos, no va a tolerar eternamente que lo despojen. Las elecciones de 2027 darán, sin lugar a dudas, un gobierno de signo justicialista, porque solamente el peronismo tiene la vocación y la capacidad de reconstruir lo que estos demoledores destruyen.
Y el compromiso debe ser claro y contundente: el próximo gobierno justicialista deberá derogar esta ley. No por capricho político, sino justamente en pos de la seguridad jurídica que tanto invocan quienes hoy legislan a espaldas del pueblo. Porque no hay mayor inseguridad jurídica que una ley que viola la Constitución Nacional. No hay mayor inseguridad jurídica que una norma aprobada bajo la extorsión presupuestaria a las provincias y con la sombra de los Kueider sobrevolando cada votación. No hay mayor inseguridad jurídica que un marco laboral que condena al trabajador a la precariedad mientras abre las puertas de par en par a la mercancía extranjera que viene a reemplazarlo.
La Ley Banelco de De la Rúa fue derogada en marzo de 2004, cuando Néstor Kirchner entendió que reparar el daño era una obligación histórica. Esta nueva Ley Banelco -la de Milei, Caputo y los gobernadores traidores- correrá la misma suerte. La historia ya nos enseñó el camino.
Porque como dijo el General: «Donde hay una necesidad, nace un derecho». Y donde un gobierno crea necesidades a fuerza de ajuste, el pueblo crea las condiciones para recuperar sus derechos.


Faustino C.Duarte
Lic.en Historia
Prof en Historia