La Educación pública en la feria libertaria

(Por Lic. Faustino “Yiyo” Duarte)



Hay decisiones políticas que no nacen de un diagnóstico, sino de un desprecio. Y cuando ese desprecio recae sobre la escuela pública, uno puede leer con claridad el proyecto de país que se busca imponer.

La llamada “Ley de libertad educativa” del gobierno de Javier Milei es exactamente eso: el intento más explícito, desde la Revolución Libertadora, de arrancarle al Estado el corazón pedagógico y entregárselo al mercado como si fuera una feria donde cada cual compra lo que puede y vende lo que quiere.

No es una reforma: es un retroceso histórico. Una Argentina sin Estado: la añoranza oligárquica de Milei La historia argentina ya conoció momentos en los que unos pocos creyeron que la educación debía ser privilegio y no derecho. Lo intentó la oligarquía agroexportadora a fines del siglo XIX, lo intentó el liberalismo salvaje de los años 90, y lo intenta hoy Milei con una crudeza que ni disimula.

El borrador filtrado —que el propio oficialismo quiso esconder para evitar el debate democrático— anuncia un país donde la escuela deja de ser espacio de ciudadanía y se transforma en mercancía. Donde el Estado deja de ser garante del derecho a aprender para convertirse en un cajero automático que transfiere fondos públicos a emprendimientos privados.

Y donde la igualdad, esa palabra que la Constitución consagra y que la tradición justicialista elevó a bandera, desaparece del horizonte. La falsa libertad que reproduce privilegios Los libertarios han encontrado una coartada retórica: llaman “libertad” a lo que en verdad es desregulación sin frenos. Hablan de “elegir escuela”, pero en un mercado desigual, elige el que tiene recursos; los demás se resignan a lo que queda.

Proponen competencia entre instituciones educativas como si la escuela fuera un producto de góndola. ¿Qué escuela resiste competir por recursos contra otra que cobra cuotas, selecciona alumnos o paga salarios docentes de acuerdo a intereses empresariales? El “darwinismo escolar” que Milei admira no es libertad: es selección por dinero. La historia lo muestra con crueldad: cuando el mercado ordena la educación, la desigualdad se vuelve estructura. Destruir al Estado para disciplinar al pueblo

El proyecto es coherente con la obsesión presidencial: hacer del Estado un enemigo a destruir. Milei se autodenominó “el topo que viene a destruirlo”, y en educación lo está haciendo con una precisión quirúrgica. La palabra “pública” ni siquiera aparece en las 34 páginas del borrador. El mensaje es claro: la educación pública ya no es horizonte, ni compromiso, ni deber constitucional. Es apenas un estorbo que hay que achicar.

Reducen la carga horaria obligatoria; eliminan el rol pedagógico rector del Estado; habilitan que cualquier padre, sin formación docente, enseñe en su casa; permiten que cada escuela invente su programa, rompiendo la unidad cultural y federal que construyó la democracia desde 1983. Es un vaciamiento deliberado, un “sálvese quien pueda” impuesto desde arriba. La escuela en casa: una geografía de privilegios

El homeschooling (educación en el hogar) que Milei quiere habilitar no es una innovación pedagógica: es una importación ideológica de sectores ultraconservadores estadounidenses que históricamente rechazaron la educación pública por considerarla “igualadora”.

En todos los países donde se aplicó, el homeschooling (educación en el hogar) amplificó brechas, debilitó la socialización democrática, y en algunos casos —como Brasil con Bolsonaro— derivó en métodos violentos de disciplinamiento infantil. Importar ese modelo en la Argentina, donde ya existe desigualdad de acceso a jardines, conectividad y dispositivos, es condenar a cientos de miles de chicos a una escolaridad de segunda categoría.

Menos horas, menos derechos, menos futuro Reducir horas de clase no es inocente: es desfinanciar la educación desde adentro. Pasar de 900 a 720 horas anuales en secundaria no es reforma pedagógica: es ajuste fiscal con consecuencias en el cuerpo de los pibes, en el trabajo docente y en la calidad educativa.

La historia económica de nuestro país muestra que cuando la escuela pierde inversión, se resiente todo: movilidad social, productividad, cohesión comunitaria. Los países que crecieron lo hicieron apostando a más educación, no a menos. Un proyecto inconstitucional y antipopular El artículo 14 de la Constitución es explícito: la educación es un derecho y el Estado tiene un rol indelegable. La Ley 26.206 consolidó ese mandato.

El borrador libertario lo dinamita. Pretende igualar lo privado con lo público, como si el esfuerzo ciudadano que sostiene a la escuela pública fuera intercambiable con un emprendimiento que solo responde a la lógica del lucro. Esa equiparación es, además de inconstitucional, profundamente antipopular. Ninguna familia trabajadora puede competir frente a la privatización encubierta del sistema. Y aquí aparece la verdadera reforma: no buscan mejorar la educación. Buscan redefinir quién merece aprender y quién no.

La mirada justicialista: la educación como derecho y como destino Desde la historia, lo vemos con claridad: cada vez que la Argentina retrocedió en derechos educativos, retrocedió en justicia social. Cada vez que avanzó —de la Ley 1420 al peronismo de 1951, de la expansión universitaria de los 60 al regreso de la democracia— lo hizo porque entendió que la escuela es el punto de partida de la igualdad, no su premio consuelo.

El justicialismo nació para que el hijo del obrero pudiera llegar a ser médico, maestro, ingeniero, sin que la cuna marcara su destino. Eso es lo que hoy está en riesgo. No es una discusión técnica: es una discusión moral. Milei propone volver al país donde estudiar era un lujo. La historia argentina ya conoció ese país.

Y lo derrotó. Porque el pueblo, organizado, siempre defendió sus conquistas. Porque la escuela pública no es negociable: es memoria, futuro y dignidad. Porque una Nación que abandona la educación abandona su destino. La dirigencia y los militantes del campo nacional y popular, debemos asumir la responsabilidad del sostenimiento y reafirmación de la educación publica como una cuestión de Estado, tal como ya lo consagro el Gobierno de Formosa, en el marco del Modelo Formoseño que conduce el compañero Dr. Gildo Insfrán, con hechos que se reflejan en obras concretas diseminadas en toda la geografía provincial.

Lic. Faustino “Yiyo” Duarte