Chaco: impulsan una ley para reubicar empleados públicos y frenar nuevas incorporaciones

En la Legislatura del Chaco, el diputado provincial Francisco Romero Castelán (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley que busca implementar un sistema de reubicación estratégica del personal público. La medida apunta a optimizar el uso de los recursos humanos, mejorar la eficiencia de la gestión estatal y promover la capacitación permanente de los agentes.

La iniciativa, denominada “Ley para la Reubicación Estratégica del Personal Público en la Provincia del Chaco”, alcanzaría a todos los empleados de la Administración Pública provincial, incluidos los organismos autárquicos. La Secretaría de Asuntos Estratégicos, encabezada por Marcos Resico, sería la autoridad encargada de coordinar el proceso.

El mecanismo de reasignación contempla seis etapas: evaluación de necesidades, identificación de perfiles, convocatoria abierta, evaluación y selección, capacitación, y traslado efectivo. Entre los criterios de reubicación se incluyen las necesidades del servicio, la experiencia y formación del agente, su aptitud e interés, y la situación personal o familiar.

Romero Castelán aclaró que los empleados mantendrán sus derechos adquiridos, incluyendo antigüedad, categoría y salario. Asimismo, el proyecto obliga a asignar presupuesto para cubrir los gastos de capacitación y traslado.

En sus fundamentos, el legislador advirtió que Chaco se encuentra entre las provincias con mayor proporción de empleados públicos en relación a su población, lo que genera presión sobre las finanzas y compromete la eficiencia en la prestación de servicios. El objetivo es evitar nuevas contrataciones y redistribuir el personal en áreas donde sus competencias sean más necesarias.

El texto también prevé beneficios como la reducción del gasto público, el fortalecimiento del profesionalismo, la apertura de nuevos servicios y una mayor motivación del personal. Además, plantea la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación para medir el impacto de la reubicación.

Si el proyecto supera el debate en comisiones y es aprobado en el recinto, la ley entraría en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, con un plazo de 60 días para su reglamentación.