El objetivo libertario como restauración del centralismo: ¿hacia un nuevo puerto único en Buenos Aires?

(Por Lic. Faustino Duarte)



El presente ensayo busca analizar, desde la historia y las ciencias políticas y sociales, si el proyecto político impulsado por el gobierno libertario en la Argentina contemporánea puede interpretarse como un intento de reinstalar el viejo modelo de centralismo porteño, con la consecuente reactivación simbólica y material del “puerto único”. Para ello, se repasa el surgimiento de los Estados nacionales, los conflictos que precedieron la unificación argentina, el rol de Buenos Aires en la consolidación del Estado, la Constitución de 1853, y las actuales formas de ejercicio del poder que apuntan, bajo el ropaje de la “libertad”, a la desarticulación del Estado federal, a la concentración de poder por decretos de necesidad y urgencia (DNU), y a la anulación de los contrapesos institucionales.

1. El surgimiento de los Estados nacionales modernos

El Estado nacional moderno, como lo conocemos, es un producto histórico del siglo XIX, ligado al proceso de consolidación de identidades nacionales, la centralización administrativa, y el desarrollo del capitalismo. Según Charles Tilly, “los Estados hicieron la guerra y la guerra hizo a los Estados” (1985), es decir, que la necesidad de sostener estructuras militares permanentes llevó a los reyes y luego a las burguesías estatales a monopolizar la coerción y la recaudación fiscal. Esta concentración de poder dio forma a los Estados modernos, con una burocracia profesional, moneda unificada y un mercado interno regulado.
En América Latina, el surgimiento de los Estados nacionales fue conflictivo. Se trató de una transición desde el modelo virreinal descentralizado y fragmentado hacia unidades políticas más centralizadas, pero plagadas de disputas internas entre regionalismos, caudillismos y proyectos oligárquicos capitalinos, especialmente en el Río de la Plata.

2. La Nación Argentina: conflictos, exclusiones y unidad tardía

La Argentina es una nación unificada tardíamente y a costa de profundos enfrentamientos. Tras la independencia, las Provincias Unidas del Río de la Plata ensayaron diversas formas de organización. La Asamblea del Año XIII no logró establecer una Constitución, y el Congreso de Tucumán de 1816 proclamó la independencia pero no definió una forma de gobierno. El conflicto entre unitarios y federales se tornó una guerra civil estructural que marcó al país durante décadas.
Buenos Aires, con el control aduanero del puerto, se negó sistemáticamente a compartir sus ingresos con el resto del país. La figura de Juan Manuel de Rosas encarnó esta concentración en el poder portuario, con el uso de la “suma del poder público”. Tras su caída en 1852, el Acuerdo de San Nicolás y luego la sanción de la Constitución de 1853 buscaron establecer una organización federal, aunque Buenos Aires se mantuvo separada hasta 1860. La famosa expresión de Alberdi lo resume: “Buenos Aires es el Estado oriental de la República Argentina” (1852).

3. La Constitución de 1853, la incorporación de Buenos Aires y la Capital Federal

La Constitución de 1853 fue el fruto del proyecto federal impulsado por Justo José de Urquiza y apoyado por las provincias del interior. Estableció una forma republicana, representativa y federal de gobierno, un Congreso bicameral y un Poder Ejecutivo fuerte, pero limitado. Buenos Aires, al rechazar esta Constitución, se separó del resto del país hasta su posterior reincorporación en 1860, tras la Batalla de Cepeda y el Pacto de San José de Flores.
El problema de la capital se resolvió recién en 1880, cuando el presidente Nicolás Avellaneda y Julio A. Roca lograron la federalización de la ciudad de Buenos Aires, separándola de la provincia homónima. Desde entonces, la Capital Federal fue sede de los poderes nacionales, aunque en tensión constante con el principio federal.
En palabras de José Luis Romero, “Buenos Aires nunca aceptó plenamente una ciudadanía nacional, sino que se pensó como su metrópoli” (“La cultura de la oligarquía”, 1970).

4. El desguace del Estado nacional como antesala del centralismo autoritario

El actual gobierno libertario, en nombre de una supuesta “libertad”, lleva adelante un proceso sistemático de desarticulación del Estado nacional. Bajo el argumento del déficit fiscal, se clausuran instituciones, se reducen competencias provinciales y se debilitan las funciones del Congreso. En la práctica, el gobierno por DNU se convierte en una forma de cesarismo presidencial, que recuerda al ideal de Rosas de tener “la suma del poder público”.
Este fenómeno también tiene raíces teóricas. Friedrich Hayek, autor frecuentemente citado por los libertarios, afirmaba que “el orden espontáneo del mercado es superior al orden construido por el Estado”. Pero lo que en Hayek era una crítica al exceso de regulación estatal, en Milei se transforma en una negación del Estado mismo, excepto cuando sirve para blindar el poder presidencial.
Una muestra emblemática de esta estrategia es la disolución de organismos clave como la Dirección Nacional de Vialidad, que garantizaban la integración territorial, la conectividad productiva y la presencia efectiva del Estado en todo el país. La desaparición de esta institución no solo debilita a las provincias, sino que refuerza la lógica portuaria de Buenos Aires como centro excluyente, reduciendo al resto del país a una periferia subordinada.
A esta dinámica se suma una campaña sistemática de los medios hegemónicos contra el Congreso, al que se presenta como inútil, corrupto o “k”. En este escenario, la motosierra no es sólo una metáfora económica, sino una herramienta simbólica y política de demolición institucional. Si se continúa en este rumbo, cabe preguntarse:
¿terminará esta lógica de concentración con la instalación del Congreso como un órgano prescindible? ¿Se está ensayando, bajo formas democráticas, una restauración encubierta del autoritarismo con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

5. Las organizaciones libres del pueblo y los gobernadores como dique democrático

Frente a este intento de restaurar el centralismo, cobran relevancia las organizaciones libres del pueblo (sindicatos, movimientos sociales, universidades, pueblos originarios) y el rol de los gobernadores como garantes del federalismo.
En palabras de Arturo Jauretche, “el federalismo no es una cuestión de formas sino de contenidos. No es tener provincias con gobernadores si todo se decide en la capital y para la capital” (“El medio pelo en la sociedad argentina”, 1957).
Los gobernadores que defienden los recursos provinciales, que sostienen los servicios esenciales en medio de la asfixia presupuestaria, representan el verdadero federalismo republicano que consagró la Constitución. Por eso, es alarmante que se pretendan subordinar los fondos coparticipables a la obediencia política.

6. La responsabilidad del Congreso ante el avance autoritario

El Congreso de la Nación tiene una responsabilidad institucional e histórica: frenar el avance de cualquier intento de concentración de poder y garantizar el respeto por la forma republicana de gobierno.
La clausura de funciones legislativas por medio de DNU, la falta de diálogo con los bloques opositores, y el intento de vaciamiento del federalismo deben ser respondidos con firmeza constitucional. Como enseñó Hannah Arendt, “el poder es siempre el resultado de la acción colectiva. Donde no hay pluralidad, no hay poder político, sino mera dominación” (“La condición humana”, 1958).
Hoy más que nunca, el Congreso debe honrar su mandato de representar al pueblo y a las provincias, y no ceder frente al chantaje discursivo del “mercado” o del “déficit fiscal”. Defender el federalismo es defender la democracia.

Conclusión

La historia argentina demuestra que el centralismo fue siempre una amenaza a la unidad nacional. Hoy, bajo nuevas formas y discursos, se intenta reinstaurar un capitalismo centralizado con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desfinanciando al resto del país, clausurando el Congreso, y gobernando por decreto.
La resistencia a este modelo no es ideológica: es constitucional, histórica y democrática. El pueblo argentino no debe volver a vivir bajo el modelo del puerto único. La libertad verdadera no nace del autoritarismo mercantil ni de la destrucción del Estado, sino de la construcción colectiva de una Nación federal, justa y solidaria.
Y si no se detiene este proceso, ¿qué quedará del federalismo, del pacto constitucional y de la soberanía popular? ¿Será la motosierra el nuevo escudo nacional? ¿O despertarán los pueblos antes de que, como en las peores etapas de la historia, el Congreso vuelva a ser clausurado con aplausos desde los balcones del poder?

Lic. Faustino Duarte