De Vido, su familia y su empleada formoseña son investigados por Bonadio por enriquecimiento ilícito

La causa, que empezó en 2008, estaba en manos del juez Luis Rodríguez, que se declaró incompetente


A partir de ahora, el juez federal Claudio Bonadio investigará a Julio De Vido, su esposa, sus hijos y su empleada doméstica, bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito, otra de las investigaciones que quedó anexada a la megacausa de los cuadernos de la corrupción.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, la decisión fue tomada por la Cámara Federal, que esta semana aceptó la resolución tomada por el juez Luis Rodríguez de desprenderse de la investigación, en sintonía con su alejamiento del expediente sobre el lavado de dinero de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner.

El que intentó impedirlo fue el propio De Vido. A través de sus defensores, el ex funcionario cuestionó la decisión de Rodríguez que "sorpresivamente y luego de diez años" de trámite resignó su investigación en manos de Bonadio. "Increíble, ¿no?; pero, lamentablemente, real", afirmaron los abogado Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, en el escrito al que accedió Infobae. Ahora, buscarán revertir esta decisión en la Cámara Federal de Casación Penal.

Rodríguez enfrenta por estas horas acusaciones en el Consejo de la Magistratura precisamente por su intervención en la causa contra Muñoz. También fue denunciado penalmente. La viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, investigada como una de sus testaferros, y el ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, aseguraron como arrepentidos que Muñoz le había pagado al juez Rodríguez unos 10 millones de dólares para garantizarse el cierre de las investigaciones en su contra.

Además, se aseguró que el propio magistrado habría aconsejado vender las propiedades que tenían en Estados Unidos y estaban siendo investigadas.

El año pasado, cuando el fiscal Carlos Stornelli impulsó las detenciones de Pochetti, la testaferro Elizabeth Ortiz Municoy y otro grupo de personas, Rodríguez rechazó el planteo. Entonces, Stornelli fue a la Cámara Federal, que terminó apartando a ese magistrado de la investigación.

Así, el expediente sobre el eventual enriquecimiento ilícito de De Vido y su familia se unió al caso de los Cuadernos, que maneja Bonadio. En ese marco, el juez Rodríguez decidió declararse incompetente en la investigación en la cual la fiscalía habla de un incremento patrimonial de la familia del ex ministro de un tres mil por ciento, en relación a sus bienes en 2002, antes de ingresar en la función pública nacional.

En su queja ante la Cámara Federal, la defensa de De Vido habló de "arbitrariedad" e "inseguridad jurídica", criticó a Rodríguez porque "intenta construir un insostenible paralelismo entre dos causas (Muñoz y De Vido) que lejos están de ser emparentables" y resaltó que "el Diputado Nacional por la oposición, Julio Miguel De Vido, se encuentra injustamente imputado, producto de una manifiesta campaña mediático judicial persecutoria, en cuanto menos cincuenta procesos penales". También cuestiono por qué, después de diez años, se resolvió entregar el caso al juez Bonadio y no a cualquiera de las otras causas penales que tienen como imputado al ex ministro.

"Hablamos no sólo del Sr. De Vido, sino de la Sra. Alessandra Minnicelli, quien no tiene relación alguna con dicho proceso (de los cuadernos), o con la familia Caballero (a excepción de la Sra. Caballero con quien tiene una relación empleador-empleado, correctamente declarada), quienes, por designio de un temperamento desprovisto de fundamentación y ajeno al cuadro procesal existente, son sometidos a una nueva magistratura, con todo lo que ello conlleva, dentro del marco de una investigación en donde sus garantías no se encuentran aseguradas", se aseguró.

También protestaron por la decisión de Rodríguez la cocinera de De Vido, Nelida Caballero, su esposo Omar Lavergne y su hija Camila: dijeron que la causa en su contra se encontraba próxima a ser elevada a juicio, que no tenían ninguna vinculación con el caso de los cuadernos y hablaron de la vulneración de la garantía del juez natural.

Pero en una resolución a la que accedió Infobae, dictada días atrás, el juez Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal, respaldó la decisión del juez Rodríguez. "Resulta ajustada a derecho –dijo el juez-. Se advierte la existencia de una conexión lógica entre las conclusiones y las premisas valoradas". Además, señaló que el caso tiene que ir a parar al que investigue los delitos más graves, en este caso el juez Bonadio.

LA CAUSA POR EL ENRIQUECIMIENTO DE JULIO DE VIDO

Se trata de una causa que se abrió en 2008 por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans en base a un artículo periodístico que hablaba de un crecimiento patrimonial al doble del 2003 y de la compra de una casa en Zárate. En primera y segunda instancia De Vido fue sobreseído, pero en 2015 la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa situación y ordenó seguir investigando.

En 2016, Rodríguez buscó allanar las propiedades de De Vido, pero las diligencias tuvieron que ser debatidas primero en el Congreso por los fueros del entonces diputado. A ello se le agregó la investigación por lavado de dinero contra la cocinera de De Vido, su esposo y su hija que, se sospecha, podrían haber actuado como testaferros del ex ministro.

De Vido y su esposa rechazaron una y otra vez esas acusaciones. Incluso, en la causa Odebrecht, el ex ministro –ya detenido- aseguró: "Aún no encontraron el Producto Bruto Interno que se supone que me apropié". En la causa de los cuadernos insistió en esta defensa: "¿Si ese dinero existió, dónde está?".

LAS ACUSACIONES DE LA FISCALÍA

Al momento de alejarse de la investigación, que ahora asumirá el fiscal Carlos Stornelli, la fiscal Alejandra Mangano venía profundizando la pesquisa apuntando no solo a De Vido y su esposa, sino también a los hijos del diputado desaforado. A su criterio, se había detectado una "compleja matriz de corrupción público-privada que se desarrolló durante el período 2003/2015, mediante negocios que se desarrollaron por el entonces Ministro de Planificación Federal de la Nación y algunos de sus hijos".

Mangano aseguró que valorando solo lo que los imputados declararon en blanco, y sin contar con la información sobre una de las hijas de De Vido que es monotributista, entre fines de 2002 y el último día de 2015 "el patrimonio de los investigados se incrementó en más de un 2.740%, mientras que sus activos tuvieron un incremento superior al 3.165%".

La fiscal hizo también hincapié en "el considerable aumento patrimonial expuesto en las declaraciones juradas por Alessandra Minnicelli: la principal actividad de las sociedades tiene facturación con empresas bajo el control contratista de obra pública, con lo que no descartó que dicha facturación pueda tener un origen distinto al declarado y relacionado con actos de corrupción", agregaron las fuentes consultadas por Infobae.

Desde el entorno de De Vido negaron esos números. "El crecimiento patrimonial que se menciona es irreal", afirmaron e insistieron en que se busca llevar adelante una persecución judicial contra el ex ministro, preso desde octubre del 2017.